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Telefonica


I. GENERAL.

Telefónica agradece a la Comisión la oportunidad que, a través de la consulta pública abierta con la publicación de su “Libro Verde sobre la información del sector público en la sociedad de la información”, le ofrece para poder expresar su opinión sobre las diferentes cuestiones allí planteadas.

En efecto, la aparición de redes públicas de comunicaciones de muy bajo coste de utilización ha provocado un cambio radical en la forma en que las organizaciones prestan sus servicios y, por tanto, en el diseño de los sistemas de información que les sirven de soporte.

Las Administraciones Públicas no han permanecido al margen de este fenómeno y, al igual que el sector privado, están incorporando estas tecnologías de forma generalizada en la relación administrativa con ciudadanos y empresas, y también hacia el interior, puesto que los nuevos medios electrónicos han cambiado la forma en que el sector público trabaja internamente y recopila toda la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

De este modo, el sector público va a ser uno de los mayores usuarios de las tecnologías de la información en el futuro, al ser el sector de actividad que más cantidad y diversidad de servicios presta a los ciudadanos.

Además, hay que tener en cuenta que el proceso de integración en la Unión Europea obliga a redefinir y globalizar un buen número de procesos administrativos y que sin el apoyo de las nuevas tecnologías de las comunicaciones sería muy difícil y costoso lograr una integración de las redes de los distintos países de la Unión. Así, el uso de las Tecnologías de la Información se está convirtiendo en un imperativo para el funcionamiento del sector público.

El desarrollo de plataformas tecnológicas que se adapten a los cambiantes marcos legislativos y normativos es una creciente necesidad de las Administraciones Públicas, que deben mejorar la calidad y la planificación de sus servicios públicos a un menor coste.

Desde hace tiempo Telefónica, como operador global de redes y servicios, ha hecho una apuesta decidida a favor del desarrollo de la llamada Administración on-line, y prueba de ello son los múltiples contratos celebrados con distintas Administraciones Públicas (a nivel local, regional o nacional), en virtud de los cuales Telefónica viene ofreciendo plataformas tecnológicas que integran la gestión, las comunicaciones y los servicios de valor añadido, plataformas capaces de soportar todos aquellos servicios necesarios para las Administraciones en el cumplimiento de sus funciones y en aras de la consecución de su objetivo de acercamiento al ciudadano.

A modo de ejemplo, se puede mencionar el caso de “InfoAdmón”, aplicación creada por Telefónica para el sector público y que constituye una plataforma abierta y modular de soluciones y servicios que integra Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Está orientada a la definición, desarrollo y puesta en marcha de aplicaciones y servicios para la comunicación entre Administraciones y los ciudadanos y las empresas.

“InfoAdmón” hace posible que las Administraciones Públicas Locales (aquéllas que por su naturaleza están más próximas al ciudadano) puedan ofrecer nuevos servicios a los ciudadanos y a las empresas de su territorio. Mediante una clave pública y una clave privada el ciudadano puede acceder a los servicios de su Ayuntamiento, al existir estas dos claves, se garantiza confidencialidad de datos y la seguridad de la transmisión.

“Ventanilla Única” es otro proyecto entre Telefónica y la Administración, en este caso a nivel nacional y regional. Telefónica ganó el concurso convocado por el Ministerio de Administraciones Públicas para el desarrollo de este Proyecto. Es precisamente este Ministerio quien coordina el Proyecto “Ventanilla Única” entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas.

Telefónica está preparando un proyecto para crear una gran Intranet de la Administración (central, autonómica y local). La creación de esta Intranet supondrá la modernización y agilización de la gestión administrativa y consiste en un proyecto de standarización de las comunicaciones administrativas, que permitirá la interconexión de todos los Registros de las Administraciones, estatal y autonómicas.

En virtud de la interconexión entre “InfoAdmón” y “Ventanilla Única” el ciudadano podrá acceder a cualquier registro público, consiguiéndose un registro unificado de toda la Administración.

II. COMENTARIOS A LAS PREGUNTAS.

1.- ¿Cuál es la forma más adecuada de definir el sector público?

La definición de “sector público”, y por tanto también de “información del sector público”, deberá tener en cuenta varios criterios, dada su complejidad.

El sector público incluiría:

  • las Administraciones públicas locales y central que administran y financian un grupo de actividades, principalmente de naturaleza no comercial orientadas al beneficio de la comunidad,
  • aquellas instituciones cuyos principales recursos se derivan de fondos públicos,
  • cuando sus actuaciones se circunscriban y estén sometidas a la normativa o reglamentación pública (es necesario que se cumpla esta condición para acentuar el contraste con las actuaciones de las administraciones públicas, directamente o a través de entidades participadas, sometidas al derecho privado).

Aquellas organizaciones total o parcialmente propiedad del sector público y actuando bajo las normas generales del mercado se deberán considerar como pertenecientes al sector privado.

Al determinar el concepto de “información del sector público” deberían establecerse varias categorías, incluso con distintos grados de protección y de accesibilidad, según afecte a intereses generales o, dentro de éstos, afecte a un grupo reducido de interesados.

1.1.-¿Qué categorías de la información del sector público deberían entrar en el debate?

El sector público por su naturaleza, dimensiones y alcance de sus actividades representa el mayor recurso único de contenido de información. Dentro de la información del sector público, se pueden distinguir varios tipos de información.

  • Información estática, datos informativos poco cambiantes (población, información turística…)
  • Información actualizada sobre la Web, datos informativos con cambio dinámico, no soportados en gestión
  • Información sincronizada (trámites administrativos, Padrón de Habitantes, Gestión de Ingresos…)
  • Información on-line (contratación de servicios como alquiler de pistas deportivas, entradas de espectáculos…)

2.- Las diferentes condiciones de acceso a la información del sector público en los Estados miembros, ¿crean obstáculos a escala europea?

Los Estados miembros tienen normas y prácticas diversas en relación al derecho de acceso (no ilimitado) a la información del sector público. A pesar de estas diferencias y precisamente, teniéndolas en cuenta, sería necesario que los Estados elaboraran y publicaran Directrices definiendo las condiciones de publicación, uso y explotación de los datos e información del sector público.

Directrices nacionales o incluso a niveles inferiores (regional o local) más específicas, desarrolladas en colaboración con los organismos implicados serían necesarias para identificar las diferentes condiciones de acceso a la información pública existentes en los Estados miembros.

En todo caso es fundamental la armonización o uniformidad de conceptos que permitan actuar, al menos en el ámbito europeo, desde una situación homogénea.

Por ello es necesario que se dé un equilibrio entre el desarrollo, en los distintos niveles de la Administración (local, autonómica, central, etc.), del acceso a la información del sector público, y la existencia de situaciones que pueden generar supuestos de discriminación, como consecuencia de dicha diversidad.

El establecimiento de un marco homogéneo en el ámbito europeo puede verse desvirtuado, si en niveles inferiores (local, regional o nacional) se establecen condiciones de acceso a la información distintas, en virtud de la administración territorial que se vea afectada.

En aras de la consecución de esa homogeneidad a nivel europeo, la Comisión debería velar por que, sin menoscabo alguno de las normas nacionales ni de la función de ningún organismo público en los Estados miembros y de acuerdo a los principios de subsidiaridad y proporcionalidad, las actuaciones que se tomen como consecuencia de este Libro Verde, vayan dirigidas a la desaparición de barreras entre Estados miembros y en niveles inferiores al nacional.

3.- Elaborar metadatos europeos (información sobre la información disponible), ¿podría ayudar a los ciudadanos y las empresas de Europa a encontrar su camino en la información del sector público en toda Europa?

3.1.- En tal caso, ¿cuál sería el mejor modo de hacerlo?

3.2.- ¿Qué tipo de contenido deberían tener los directorios de los recursos de información del sector público?

La existencia de bases de datos únicas, universales es una utopía (que se ha mostrado impracticable). Actualmente existen múltiples bases de datos actualizadas y fácilmente accesibles a nivel nacional y europeo, por lo que es preferible trabajar con ellas y facilitar su interconexión, para así maximizar su eficacia, sin necesidad de crear nuevas super-bases de datos.

Sin embargo, la creación de grandes Directorios o metadatos a nivel europeo o a niveles inferiores, por ejemplo, nacional, puede ser muy interesante, para ayudar a los usuarios de la información a buscar en la masa de datos dispersos ya existentes.

En aras de una mayor eficiencia sería también necesario la armonización de procedimientos de tratamiento de la información del sector público, así como de los métodos de acceso, mediante la creación de una especie de buscador europeo exclusivo de la información del sector público. Con mecanismos de búsqueda fáciles de utilizar y armonizados a nivel europeo, la manipulación de estos datos sería la misma en todos los Estados miembros. De este modo se está facilitando la consecución de uno de los principios fundamentales de la construcción europea: la libre circulación de personas y servicios de la información en Europa.

Las bases de datos y la información del sector público en general debería ser actualizada regularmente. Se debería también establecer métodos de actualización homogéneos, estableciendo cuándo fue la última vez que se actualizó y cuándo será la próxima vez que se actualice.

Cabe destacar el ejemplo de la Administración americana, que acaba de crear una página WEB que recopila 3,8 millones de Direcciones individuales del Gobierno norteamericano. Este nuevo servicio permite encontrar información del Gobierno estadounidense fácilmente y de forma rápida, sin necesidad de perder tiempo, se facilita así enormemente el acceso a dicha información gubernativa.

4.- ¿Qué incidencia tienen las diferentes políticas de fijación de precios sobre el acceso a la información del sector público y su comercialización?

En el desarrollo de sus funciones gubernativas las Administraciones Públicas recogen sistemáticamente datos e información de los ciudadanos, empresas, etc. Esta información tiene valor comercial más allá de su mero uso por parte de la Administración Pública, así que una mayor disponibilidad y acceso a dicha información sería beneficioso tanto para el sector público como para el sector privado.

Las políticas de fijación de precios dependen de la naturaleza de la información a la que se aplican. El establecimiento de un precio o tarifa a la información del sector público debe reflejar los costes de preparación, recopilación, tratamiento de esa información, aunque no necesariamente debe incluir el total de esos costes. El precio debe ser inferior o cero si esa información es de interés público.

Retomando de nuevo el ejemplo americano, el nuevo servicio para acceder electrónicamente a la información del Gobierno no es gratuito, sino que se ha establecido un precio de 30 dólares mensuales o bien 15 dólares por un pase que se puede utilizar durante un día. Además, en ciertas ocasiones, estas cuotas no serán suficientes, sino que los usuarios deberán además abonar un precio que la Administración establezca por algunos de los documentos ofrecidos en su página WEB.

Toda la información que se puede encontrar en estas páginas ya estaba disponible en la Red, pero era costoso encontrarla. Al ser información difícil de localizar y que no aparece en buscadores normales, lo que el usuario paga es este valor añadido de simplificación de la labor de búsqueda de una información concreta. Aquel usuario que no quiera pagar estas cuotas, siempre podrá seguir accediendo a cada una de las páginas individuales que han sido unidas en este servicio, sin pagar cuota alguna.

El establecimiento de un precio para acceder a cierta información puede servir para cubrir los costes de recopilación, tratamiento, almacenamiento de esa información, pero sobre todo, para evitar que un acceso gratuito dé lugar a una demanda excesiva de datos e información pública para un uso impropio.

En todo caso la fijación de un precio sobre la información del sector público, o sobre cierta información pública, debe seguir el criterio de asequibilidad, es decir, no se debe establecer un precio excesivo que haga efectivamente inabordable el acceso a esa información a colectivos importantes de usuarios.

4.1.-¿Provoca esto diferencias en las oportunidades de los ciudadanos y las empresas a escala europea?

Debe aplicarse aquí el principio general de no establecer barreras innecesarias para la transmisión de información entre Estados miembros.

En virtud de los principios fundamentales que inspiraron el Tratado de Roma los proveedores de servicios de información electrónica en la Unión Europea deben ser tratados en igualdad de condiciones independientemente de su país de origen.

5.- ¿En qué medida y en qué condiciones las actividades de los organismos del sector público en el mercado de la información pueden ocasionar una competencia desleal a escala europea?

Aquellos contratos o acuerdos entre la Administración y los proveedores de bases de datos del sector privado no deberían establecer derechos exclusivos, si ello produce una distorsión de la competencia. Un derecho exclusivo puede ser juzgado necesario si se trata de facilitar el acceso a un nuevo mercado o si se trata de la prestación de un servicio de interés público, en ese caso, este derecho exclusivo deberá estar sujeto a revisión periódica.

Cuando las Administraciones Públicas prestan servicios de información electrónicos directamente, se debe evitar que esto tampoco produzca una distorsión de la competencia. Antes de establecer nuevos servicios electrónicos o continuar con uno ya existente, las Administraciones Públicas deberían considerar si el sector privado puede adaptarse mejor a las necesidades de ese servicio, entonces las Administraciones sólo deberían complementar la actuación de los agentes privados.

En España, hay casos en que las Comunidades Autónomas están desarrollando sus propias redes (por ejemplo, en Navarra) y otros casos en que se opta por la utilización de las redes ya existentes del operador de telecomunicaciones (Comunidad de Madrid), además de ejemplos mixtos en que se combinan inversiones propias de las Administraciones y utilización de redes de telecomunicaciones ya existentes.

El apoyo financiero directo o indirecto del sector público debe favorecer la investigación y desarrollo, así como potenciar la emergencia de nuevos sectores, siempre respetando las reglas de la competencia comunitarias, relativas a la política de ayudas públicas (Art. 92 Tratado CEE).

6.- Los diversos regímenes sobre derechos de autor en Europa, ¿pueden representar obstáculos para la comercialización de la información del sector público?

Salvo las obras de comentarios, estudios, informes, etc. sobre legislación o normas, el sector público debería excluir textos de naturaleza legislativa, administrativa, así como traducciones oficiales de los mismos de su inclusión en regímenes de derechos de autor, puesto que son textos públicos, ajenos precisamente a ese régimen de derechos de autor.

7.- ¿Merecen las consideraciones sobre la intimidad una atención especial en relación con la explotación de la información del sector público?

7.1.- ¿Cómo podrían los intereses comerciales justificar el acceso a los datos personales que posee el sector público?

Los datos de carácter personal tienen vocación de permanencia en la confidencialidad, y deben ser protegidos estrictamente en todo momento, ya que recaen sobre condiciones, circunstancias y elementos de carácter personal.

Las diversas Administraciones Públicas (nacionales, regionales, locales…) deben permitir que las compilaciones de información que elaboran y utilizan, sean también accesibles y utilizadas por el sector privado y explotadas por la industria de la información a través de los servicios de información electrónica, siempre que el acceso a esa información no implique restricciones a la protección de intereses públicos y privados legitimados (intimidad, confidencialidad…)

Entre la información a la que se debería restringir el acceso se encuentra aquella información relacionada con la seguridad nacional y la seguridad pública, asuntos sub iudice, datos personales, respeto al derecho a la intimidad, datos confidenciales de tipo comercial e industrial…

Si bien con carácter general el acceso a la información del sector público debe ser libre, y, por tanto, su restricción requiere estar motivada, en el ámbito de los datos personales o de protección de la intimidad, esta fórmula queda invertida, puesto que dicha protección es la regla general y el acceso a ella constituye la excepción, que deberá ser motivada.

No hay que olvidar, que existen sectores de actividad de la Administración respecto de los cuales, la posibilidad de acceso se encuentra supeditada a la condición de interesado en los procedimientos o expedientes de referencia, como es el caso de la Administración de Justicia, etc. Esta protección deberá ser mantenida.

8.- ¿Hasta qué punto los diversos regímenes de responsabilidad de los Estados miembros pueden representar un obstáculo para el acceso a la información del sector público o su comercialización?

Son varios los conceptos y situaciones que se manejan en este punto, por lo que cabe distinguir entre:

a) aspectos que afectan al sector público: en este caso, se está tratando de regular cuáles son los supuestos respecto de los cuales se permite un acceso libre a una determinada información, que va a ser objeto de comercialización.

Se trata de eliminar las barreras que existan entre los distintos países para dicho acceso. Sería necesario establecer varios niveles de acceso y varios niveles de protección de la información.

Así, por ejemplo, respecto de la información para la que existe un amplio grado de libertad de acceso y/o de comercialización podrá establecerse un régimen de sanciones de carácter administrativo sobre el mal uso o abuso de la misma.

Se trata de cuestiones que afectan al cumplimiento o no de las normas que se consagren en los textos reguladores de este acceso.

b) aspectos que afectan a la intimidad: sin embargo, la protección de la información que no pueda ser objeto de publicidad, requiere un sistema de responsabilidades y sanciones que va más allá del ámbito administrativo y debe introducirse en el ámbito del derecho penal, tanto en los supuestos del funcionario que permite el acceso a la información vedada, como el acceso fraudulento a este tipo de información o el uso en ámbitos y para objetivos distintos de los alegados para su obtención.

Es necesario distinguir, por tanto, los casos de mal uso de información, en principio accesible a todo el público en general, de aquellos supuestos en los que falta esa condición.

Mientras los primeros configurarían supuestos de infracciones en el ámbito administrativo, las segundas se configuran como ilícitos penales con un tratamiento específico y en otro ámbito.

El sector público deberá pues eliminar los obstáculos legales injustificados al uso de la información pública por parte del sector privado y a su explotación por la industria de la información, siempre y cuando se garantice que consideraciones de confidencialidad y la responsabilidad civil y criminal son respetadas.

9.- ¿Hasta qué punto son adecuadas las políticas seguidas por las instituciones comunitarias en el ámbito del acceso a la información y de su difusión?

9.1.-¿Cómo podrían mejorarse?

La Unión Europea está llevando a cabo una importante labor de recopilación, tratamiento y difusión de la información sobre las distintas actividades y políticas comunitarias y sobre el funcionamiento de sus instituciones, además de desarrollar políticas tendentes a la mejora del acceso a esa información.

Siguiendo esta tendencia, y teniendo en cuenta que un acceso simplificado a la información pública de la Unión Europea facilitará el proceso de integración europea para ciudadanos y empresas, es absolutamente necesario que las instituciones comunitarias refuercen aquellas acciones de coordinación de esa información, a fin de que esa información sea transparente y más cercana al ciudadano.

10.- ¿Qué acciones deberían recibir una atención especial a escala europea?

Las instituciones europeas deben hacer hincapié de manera especial en el desarrollo de políticas en el ámbito de la difusión de la información del sector público europeo.

Con objeto de aumentar la transparencia de la Unión Europea y de sus instituciones ante los ciudadanos europeos, y en cumplimiento de los principios establecidos en el Tratado de Amsterdam, se ha de respetar el derecho de acceso a los documentos de las instituciones comunitarias.

Las nuevas tecnologías de la información facilitan el acceso a la información y la comunicación entre Administraciones Públicas y entre éstas y los ciudadanos y las empresas. Es una oportunidad única para Europa.

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