info2000 logo GREEN PAPER ON PUBLIC SECTOR INFORMATION
IN THE INFORMATION SOCIETY

back to i*m europe

back to info2000

navigation graphic

Grup LaReLC-UB 
Laboratori de Recerca en Lingüística Computacional

CLiC 
Centre de Lingüística i Computació


Secció de Lingüística General 
Facultat de Filologia 
Universitat de Barcelona - 
Parque Científico de Barcelona 

Responsable: Mª Antònia Martí Antonin, 
profesora titular del Departament de Filologia Románica, Lingüística General. 
e-mail: amarti@lingua.fil.ub.es 
Tel. 93 403 56 73 / 93 403 56 56 
Fax: 93 318 98 22 
http://www.ub.es/ling/labcat.htm 
http://www.ub.es/ling/clic.htm

Cuestión 1:

¿Cuál es, a su parecer, la forma más adecuada de definir el sector público?

El sector público comprende todos aquellos organismos que satisfacen necesidades públicas mediante la prestación de unos servicios a los administrados, ya sea directa o indirectamente, siempre y cuando la titularidad de estos servicios recaiga en manos de la Administración Pública.

¿Qué categorías de la información del sector público deberían entrar en el debate?

Cualquier tipo de información, tanto la clasificada como administrativa como la no administrativa, siempre y cuando el acceso a dicha información respete la intimidad de las personas, sobre todo aquella información contenida en los registros públicos o en fuentes estadísticas.

Cuestión 2:

Las diferentes condiciones de acceso a la información del sector público en los Estados miembros, ¿crean obstáculos a escala europea?

Sí, ya que no hay una homogeneidad legislativa en materia de acceso a la información del sector público. Los diferentes Estados miembros han legislado sobre el tema de manera independiente, en concreto, España regula dicha materia a través de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen jurídico de la Administración Pública y Procedimiento Administrativo Común.

En tal caso, ¿a qué elementos afecta?: ¿exigencia de un interés, excepciones, plazo, cantidad, formato?

El hecho de que existan diferentes legislaciones que regulen esta materia implica que las condiciones de acceso a la información también varíe en los diferentes Estados miembros. Esto provoca una desigualdad entre los ciudadanos europeos al acceder a la información desde sus respectivos países, ya sea por las limitaciones de acceso que cada país imponga, por los plazos de respuesta, por los precios, ...

Incluso dentro de un mismo país, el acceso a la información también crea desigualdades, dependiendo del organismo que publica su información. Por ejemplo, la información de diarios oficiales consultables a través de internet:

  • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: consultable el publicado a diario, los anteriores son consultables previa suscripción.
  • Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona: libre acceso.
  • Boletín Oficial del Estado: la semana pasada (17/05/99) se aprobó el libre acceso al BOE por internet, hasta ahora el acceso ha sido previa suscripción. A pesar de ello, la medida aún no se ha llevado a cabo.

¿Qué soluciones pueden preverse?

Del mismo modo que existe una legislación sobre libre circulación de personas, mercancías y capital, también debería existir una legislación europea sobre la libre circulación de la información en el ámbito de la Unión Europea, con unas mismas condiciones de acceso a la misma. Por lo cual, es necesario que la Unión Europea regule esta materia estableciendo unas mismas condiciones de acceso.

Cuestión 3:

Elaborar metadatos (información sobre la información disponible), ¿podría ayudar a los ciudadanos y las empresas de Europa a encontrar su camino en la información del sector público en toda Europa?

Debería existir un único portal de información de ámbito europeo, el cual concentrara la mayor información de interés del sector público, tanto a nivel europeo, nacional, regional o local; un único portal al cual acceder sin dificultad y fuera fuente de información para todos los ciudadanos europeos, ya que en muchas ocasiones, la información del sector público se encuentra dispersa, al ser cada organismo el que publica su información independientemente, lo cual provoca confusión en el administrado/usuario al tener dificultades en saber donde acudir para consultar aquella información que realmente le interesa.

En tal caso, ¿cuál sería el mejor modo de hacerlo?

Aprovechando las facilidades que actualmente nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información, y en especial internet, debería crearse un único portal de acceso a la información de cualquier ámbito (europeo, nacional, regional o local), con una interfaz amigable y de fácil utilización así como de fácil acceso a la información deseada, sin necesidad de perder tiempo entre páginas sin interés, es decir, creando un buscador rápido donde el usuario se pueda expresar con un lenguaje natural (sin codificación alguna) a la hora de buscar la información deseada. Y, a la vez, que incorpore el acceso multilingüe a la información de ámbito europeo.

¿Qué tipo de contenido deberían tener los directorios de los recursos de información del sector público?

Cualquier tipo de información de interés al ciudadano: legislación, jurisprudencia, registros públicos, estadísticas, licitaciones, servicios públicos de consulta, inscripciones, ..., siempre y cuando dicho acceso respete la intimidad de las persona.

Cuestión 4:

¿Qué incidencia tienen las diferentes políticas de fijación de precios sobre el acceso a la información del sector público y su comercialización?

En principio, esta información debería ser gratuita, ya que la fuente de esta información es el propio contribuyente/administrado y a la vez usuario final de esta información. Por lo que el acceso a la misma debería ser libre y gratuita.

Pero ello no es así, sino que los diferentes Estados miembros de la Unión Europea tienen diferentes políticas de fijación de precios sobre el acceso a la información del sector público, lo cual provoca una desigualdad entre los ciudadanos europeos. Y a la vez, provoca un encarecimiento del contenido de la información cuando ésta es comercializada por empresas, y este encarecimiento puede variar dependiendo del país donde se solicite la información.

¿Provoca esto diferencias en las oportunidades de los ciudadanos y las empresas a escala europea?

Sí, por las razones antes mencionadas, ya que las empresas que se dedican a la edición y distribución de información del sector público variarán su precio de venta al público dependiendo de las dificultades que hayan tenido al acceder a dicha información en sus respectivos países.

A pesar de todo ello, opino que se debería establecer una diferencia entre el interés que tiene un ciudadano o una empresa al acceder a la información pública, ya que el ciudadano tendrá un mero interés consultivo y seguramente de interés particular, en cambio, una empresa tendrá un interés comercial al obtener aquella información y, por lo tanto, con fines lucrativos. Es por ello, que deberían establecerse unas tablas de precios según los fines a los que se conducirá aquella información.

Aunque cabe tener en cuenta que la utilización cada vez en mayor medida de internet desvirtúa esta política de precios, ya que proporciona un acceso casi siempre gratuito y rápido a la información, siempre que ésta sea accesible.

Cuestión 5:

¿En qué medida y en qué condiciones las actividades de los organismos del sector público en el mercado de la información pueden ocasionar una competencia desleal a escala europea?

Los gobiernos de los diferentes Estados miembros deberían establecer unas mismas condiciones de entrega de la información a las empresas que se dedican a la edición y distribución de información del sector público. Para ello, el sector público debería:

  • Entregar la información sin incluir ningún valor añadido (información extra)
  • No establecer contratos de exclusividad para su comercialización.
  • Establecer unas mismas fechas de entrega.

Cuestión 6:

Los diversos regímenes sobre derechos de autor en Europa, ¿pueden representar obstáculos para la comercialización de la información del sector público?

Sí, ya que pueden existir Estados miembros que consideren los textos oficiales de naturaleza legislativa, administrativa o jurídica como textos sujetos a protección de derechos de autor.

Aunque la mayoría de los Estados miembros excluyen estos textos de cualquier protección de derechos de autor, lo cual considero óptimo, ya que esta protección tan sólo debería utilizarse por aquellas personas físicas o jurídicas dentro de su actividad privada (ya sea en el ámbito empresarial o no), pero no cuando se trate de creaciones públicas, ya que éstas son de acceso libre, sujetas siempre a unas limitaciones, que en el caso español se encuentran recogidas en el artículo 37.5 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de la Administración Pública y Procedimiento Administrativo Común:

  • La información sobre actuaciones del Gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas.
  • La información sobre Defensa Nacional o Seguridad del Estado.
  • Los tramitados para la investigación de los delitos cuando pudieran ponerse en peligro la protección de los derechos y libertades de terceros.
  • Los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial.
  • Los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria.

Cuestión 7:


¿Merecen las consideraciones sobre la intimidad una atención especial en relación con la explotación de la información del sector público?

Evidentemente, a parte de las limitaciones señaladas en la pregunta anterior, merecen especial consideración aquellos documentos que contengan información relativa a la intimidad de las personas, los cuales deben estar reservados a la consulta exclusiva de los interesados o terceros que acrediten un interés legítimo y directo, pero nunca el acceso indiscriminado a estos datos.

Es más, la Administración Pública debe salvaguardar la información personal que contiene sobre los ciudadanos para no hacer un uso ilegítimo sobre la misma por terceros.

¿Cómo podrían los intereses comerciales justificar el acceso a los datos personales que posee el sector público?

Quizás sólo sería posible el acceso a los datos personales que posee el sector público, cuando el interés comercial tenga como fin un estudio de interés histórico, científico o cultural relevante, siempre y cuando se reserve el anonimato de las personas implicadas y previa autorización de las mismas.

Cuestión 8:

¿Hasta qué punto los diversos regímenes de responsabilidad de los Estados miembros pueden representar un obstáculo para el acceso a la información del sector público o su comercialización?

Debería existir un único sistema de exigencia de responsabilidad de los Estados miembros y, bajo mi parecer, debemos diferenciar dos acciones:

  • Responsabilidad directa de la Administración Pública: cuando un particular desea ejercer su derecho al acceso a los documentos de la Administración Pública, y ésta le ha sido denegada sin razón objetiva alguna. O cuando la Administración Pública ha suministrado información a un solicitante vulnerando el derecho a la intimidad de un tercero.
  • Responsabilidad subsidiaria de la Administración Pública: cuando el que vulnera el derecho a la intimidad es una empresa privada al publicar información facilitada por la Administración Pública.

Cuestión 9:

¿Hasta qué punto son adecuadas las políticas seguidas por las instituciones comunitarias en el ámbito del acceso a la información y de su difusión?

Considero positivo el hecho de que la Unión Europea se sume a las facilidades que las nuevas tecnologías de la información ofrecen, como es el caso de la web Europea, donde se concentra la información de todas las instituciones europeas.

¿Cómo podrían mejorarse?

Podría mejorarse accediendo directamente a algunos documentos, como es el Diario Oficial de Unión Europea (DOCE) sin necesidad de previa suscripción, ya que tan sólo es consultable el diario pero no los anteriores.

Otra posible mejora sería la traducción completa de la web Europea en todos los idiomas oficiales de la unión Europea.

Cuestión 10:

¿Qué acciones deberían recibir una atención especial a escala europea?

Una acción prioritaria sería la aprobación de legislación europea que regulase la confidencialidad de datos personales, así como unas mismas condiciones de acceso a la información para todos los Estados miembros.

Asimismo, sería necesario iniciar una acción que facilitara la formación para la gestión por parte de funcionariado encargado de facilitar esta información y la formación para el acceso a la información por parte de los usuarios.

[BACK TO LIST OF COMMENTS ]


Home - Gate - Back - Top - Larelc - Relevant